Plácido Domingo y Coldplay, contra YouTube

Europa pone coto a Google

Este jueves, la sesión plenaria del Parlamento Europeo votará en Estrasburgo el mandato negociador del Comité de Asuntos Jurídicos, conocido como JURI, que abordará la reforma del derecho de autor europeo, sobre todo en lo referente a la “brecha de valor” en los contenidos ‘online’. Mediante esta expresión, los creadores (músicos, cineastas, artistas) denominan a la situación por la cual plataformas como YouTube o Facebook facilitan el acceso a esos contenidos culturales, aunque sin responsabilizarse del contenido subido por los usuarios a las plataformas.Este aspecto tiene que ver con la propia configuración de las empresas de prestación de servicios de las tecnologías de la información. Denominado ‘safe harbour’ (‘puerto seguro’) este aspecto de YouTube establece que la plataforma es un intermediario neutral. Sin embargo, los músicos y cineastas critican este concepto, al argumentar que su matriz, Google, obtiene ingentes beneficios económicos de la puesta a disposición pública de sus contenidos gracias a la publicidad.Según un informe aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el pasado 20 de junio, estas plataformas “son responsables y deben remunerar a los autores de forma justa y equitativa, actuar como socios en este mercado y crear así un mercado en condiciones equitativas para todos los servicios”.Los representantes de las industrias culturales solicitan a Europa que, de igual modo que YouTube tiene la obligación de filtrar y eliminar determinados contenidos (como la pornografía infantil), la nueva normativa la obligue a un filtrado previo para evitar que los contenidos sujetos a derechos de autor puedan ser subidos por los usuarios. Es el artículo 13 de la propuesta de reforma.También piden a los parlamentarios que “aclaren si las plataformas de contenidos cargados por usuarios (UUC, por sus siglas en inglés), como YouTube, intervienen en la reproducción y puesta a disposición” de sus obras, “conforme a las leyes de propiedad intelectual”. Y que “aseguren que el régimen de ‘puertos seguros’ de ausencia de responsabilidad no les sea de aplicación, al estar dirigido únicamente a los intermediarios meramente técnicos”. Todo ello, en un documento que han suscrito 30.000 creadores de toda Europa.¿Libertad de expresión o robo a los autores?La reforma legal es la última parada de un largo proceso de varios años que ha enfrentado a los creadores con las plataformas, especialmente YouTube, a la que acusan de enriquecerse a su costa (en 2016 se estimaban sus beneficios en más de 2.000 millones de dólares). Lo que piden músicos, cineastas y artistas es un “reparto más justo” de dichos beneficios.Así, hace dos años músicos como Coldplay, Plácido Domingo, Calvin Harris, Paul McCartney, ABBA, Lady Gaga o Alejandro Sanzenviaron una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que denunciaban el comportamiento de Google a través de Youtube, “desviando de forma injusta el valor que le corresponde a la comunidad musical, a sus intérpretes y compositores”.Frente a estas reclamaciones, Google y colectivos como el Partido Pirata se han posicionado en contra de la reforma. En concreto, Google denuncia que si se aprueba de votación del jueves, “los servicios en línea deberán filtrar los trabajos que incluyen texto, video, imágenes y demás. Esto convertiría efectivamente a Internet en un lugar donde todo lo que se carga en la web debe ser aprobado por los abogados antes de que pueda encontrar una audiencia”.Los opositores a la reforma es “censura” y “libertad de expresión” y ponen como ejemplo que perseguiría la creación de ‘memes’. Al mismo tiempo, medios como ‘Financial Times’ y ‘The Wall Street Journal’ han revelado que Google ha pagado a profesores de universidades como Harvard y Berkeley para que publiquen investigaciones que critiquen la regulación del mercado digital, donde el gigante tecnológico ejerce una posición de dominio.En lugar de regulación, Google propone soluciones como Content ID, una herramienta que localiza ‘a posteriori’ el contenido protegido para que, según la empresa, los propietarios del mismo puedan monetizarlo o solicitar su retirada. A pesar de que ya realizan un filtrado similar con contenidos como la pornografía infantil, las UUC dicen que es imposible saber si el contenido que suben los usuarios está sujeto a derechos.Una solución que proponen los creadores (y que rechazan las UUC) es que se firmen licencias para la distribución de estos contenidos protegidos. Es lo que proponen, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI).”Nuestro objetivo”, subrayan desde la UFI, “es que las licencias sean lo más fáciles posible para que los fans puedan acceder a más música en más servicios”. Para la organización que agrupa a las compañías discográficas independientes españolas, “los derechos de autor y la innovación son dos caras de la misma moneda y no debemos permitir que los llamados activistas digitales nos convenzan de lo contrario”.Además de este aspecto, el próximo día 5 el Parlamento votará también un nuevo sistema de compensación a los medios de comunicación por parte de Google. Un sistema similar en cierto modo a la famosa ‘Tasa Google’ que se instauró en España en 2014.

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