En el país ha estallado el escándalo de los llamados “cuadernos de las coimas”, una red de corrupción entre empresarios y ex funcionarios del ministerio de Planificación del gobierno kirchnerista, mediante el cual se realizaban coimas para obtener beneficios en licitaciones y obras públicas.

Mendoza no ha sido la excepción, y de hecho toca de lleno a una de las empresas más importantes del territorio, como Impsa, en la cual su ex vicepresidente, Francisco Valenti, se encuentra detenido desde este sábado, y se sospecha que se pagaron más de 2 millones de dólares en coimas.

El gobernador Alfredo Cornejo se mostró preocupado sobre la denuncia que pesa sobre la empresa mendocina, pero aclaró que “es importante que la Justicia actúe y que tome las determinaciones que crea conveniente”.

En este sentido, indicó que entiende que “hay casos de corrupción” en Mendoza en obras, con casos de empresas que no cumplieron con lo pactado o que incluso cobraron más de lo que les correspondía. Como ejemplo insignia dio el de la cárcel federal, cuya construcción estaba a cargo de la empresa española Isolux, y en la cual su ex director, Juan Carlos de Goycochea, admitió el pago de coimas.

No obstante, Cornejo enumeró varios casos de posible corrupción en la provincia, y que en varias de ellas tienen a ex funcionarios imputados, sospechados o condenados, como los ex intendentes Luis Lobos (Guaymallén) y Sergio Salgado (Santa Rosa); y los ex ministros de Transporte Pablo Rousseau y Diego Martínez Palau, entre otros.

“Hay varias denuncias en Mendoza, algunas por temas menores y otras mayores como enriquecimiento ilícito, pero no han avanzado, algunos, en lo más mínimo”, se quejó el Gobernador, quien señaló que “todo el tiempo se están iniciando causas, pero el proceso es muy lento y la verdad es que no se tiene bien la dimensión del monto o algún testigo que participó del hecho”, como el caso del chofer Oscar Centeno, quien participa ahora como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas.

“La Rosadita mendocina”

A comienzos de su gestión, Cornejo ordenó una auditoría a las obras que estaban iniciadas y provenían de la gestión de Francisco Pérez. Allí el Poder Ejecutivo encontró que, dependiente del ministerio de Infraestructura, funcionaba desde el 2012 una oficina paralela que hacía sus propias licitaciones, adjudicaciones e incluso certificaciones. Era la Coordinación de Infraestructura Básica, que tenía sede en unas oficinas fuera de la Casa de Gobierno, precisamente en la calle La Pampa del barrio Bombal.

No obstante, el alquiler del inmueble no corría por parte del Gobierno, sino que lo abonaba una UTE de las empresas que había ganado una licitación de la red cloacal El Sauce, en Guaymallén, obra que está siendo investigada por la Justicia por posible pago de sobreprecios. Estas eran Procon SRL, Camer SA y Constructora San José SRL.

Según indica una nota de Los Andes del 9 de octubre del 2015, la auditoría de Cornejo estudió al menos unos 100 expedientes de obras de esa Coordinación que se realizaban aquellas oficinas, que terminaron llamando “La Rosadita mendocina”, y que derivaron en una investigación judicial que está realizando la fiscalía de Delitos Económicos por sobrepagos e irregularidades en la ejecución de licitaciones.

El fiscal Hernán Ríos, quien lleva adelante la causa, sostuvo a Los Andes que hay tres imputados, que incluso fueron exonerados de por vida por el Gobierno provincial en cargos públicos. Ellos son el ex coordinador de Infraestructura Básica, Claudio Barraza; y dos miembros de esa oficina, de apellidos López y Andrade.

Los tres fueron imputados por Ríos, por fraude a la administración pública y falsedad ideológica. No obstante, como adelantó Cornejo, la causa no está avanzada, ya que -luego de varios meses- aún no han declarado todos los imputados (lo hicieron López y Andrade, pero falta Barraza).

Las causas por las que se los imputó son, según el Fiscal, “irregularidades en la ejecución de las licitaciones como también en la confección de los casos”, entre las que se encuentran la misma red de cloacas mencionada de Guaymallén mal realizada, cuyas cañerías no conectaban al colector troncal; la red eléctrica Sosneado-Loma Amarilla en Malargüe (adjudicada a Elytec), en la cual se pagaron certificaciones por más trabajos que los que se habían realizado y que además también estaban mal hechos; y otras redes cloacales en el sur provincial. También Ríos hizo mención a una serie de cheques rechazados, que están dentro de la investigación.

“Al parecer la Coordinación pagó certificados de obras de manera adelantada y cuyos avances no se hicieron finalmente. Se cobraron defraudando al Estado y esos certificados reflejaban algo que no existía”, destacó el fiscal.

No obstante, sobre el inmueble alquilado por la UTE, Ríos dijo que es “llamativo porque en los pliegos de la licitación se exigía a los adjudicatarios el alquiler del lugar donde terminó funcionando esta administración. Estaba como condición, lo que no es algo común”, señaló, y agregó que durante el proceso de adjudicación de varias de esas obras que se realizaron “se advierte que las obras no tenían la autorización de organismos como Aysam”.

Uno por uno

Francisco Pérez: está imputado por fraude a la administración pública junto a Marcos Zandomeni (ex ministro de Energía), Pedro Sánchez (ex director de Petróleo) y Walter Vázquez (ex director de Hidrocarburos). Es por la concesión de Chañares Herrados.

También fue denunciado por enriquecimiento ilícito por la compra de un departamento en las Torres Agustinas. “No no creo que ni le hayan pedido la declaración jurada” se quejó Cornejo.

Tupac Amaru: para Cornejo es la causa “más emblemática” de corrupción. En un giro de la investigación, ahora la fiscal Gabriela Chaves va tras el delito de fraude al Estado, aunque podría destrabar también una posible asociación ilícita, lavado de dinero, estafas, extorsiones y coacciones de Nélida Rojas, la líder local de la organización.

Cárcel Federal: fue adjudicada a la Isolux SA; la obra nunca fue terminada y cobró certificados por el 70% de la obra durante la gestión de Cristina Fernández, cuando solamente tenía un avance del 27%.
El CEO de Isolux, Juan Carlos de Goycochea está preso y admitió haber pagado coimas en la causa de los “cuadernos de las coimas”.

Luis Lobos: el ex intendente de Guaymallén está acusado de enriquecimiento ilícito, administración infiel, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en varias causas.
El primer juicio oral será del 27 al 31 de agosto, en la cual se acusa a Lobos de contratar empleados estatales y cobrar sus sueldos.

Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau: los ex ministros de Transporte están imputados por enriquecimiento ilícito por la compra de una finca en San Carlos. según el Gobernador, estaba “muy por encima de su capacidad financiera”.

Se sospecha que el padre de Rousseau (Pablo Carlos) actuó de testaferro para la transacción. “No ha habido más avances”.

Sergio Salgado: fue condenado por administración infiel, concusión, malversación de caudales públicos y desobediencia en una causa, pero aún no se eleva a juicio otra, que lleva adelante el fiscal Santiago Garay, por la emisión de cheques sin fondos. “Estos cheques todavía están dando vueltas”, dijo Cornejo.

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